En cada uno de los 31 países que aplican las normas de coordinación de la UE existe un organismo de enlace especialmente dedicado a las cuestiones transfronterizas de seguridad social. Una función importante de los organismos de enlace es dar respuesta a las solicitudes de información y ayuda procedentes tanto de los ciudadanos como de otras instituciones nacionales que necesitan asesoramiento.

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Como la normativa de la UE se limita a coordinar los regímenes nacionales de seguridad social, la solución a su caso dependerá siempre de las disposiciones jurídicas nacionales aplicables a su situación. A menudo, las autoridades nacionales son quienes mejor pueden asesorarle, ya que conocen bien tanto la normativa europea como las leyes de su propio país.

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Usted no puede presentar directamente un recurso ante el Tribunal de Justicia. Sin embargo, el tribunal nacional que se ocupa de su asunto puede plantear una “cuestión prejudicial” al Tribunal de Justicia para que este determine cómo se debe interpretar una disposición concreta de la normativa europea, si de ello depende la decisión que se vaya a tomar. La interpretación del Tribunal de Justicia es vinculante.

Todo tribunal nacional puede recurrir al Tribunal de Justicia, incluso en primera instancia, y está obligado a presentar una cuestión prejudicial si su decisión no admite recurso. Aunque siempre se puede pedir al juez competente en el asunto que eleve consulta al Tribunal de Justicia, en muchos casos su jurisprudencia es lo suficientemente explícita como para poder adoptar una decisión.

La Comisión Europea puede interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia si estima que determinadas disposiciones nacionales son incompatibles con la normativa de la UE (“procedimiento de infracción”).

La UE ofrece diversos servicios de información y solución de problemas para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Además, si usted cree que la legislación o las prácticas administrativas de un país no se ajustan a la normativa europea, puede presentar una denuncia ante la Comisión Europea.

Para poner fin a la infracción, la Comisión Europea puede iniciar un recurso por incumplimiento contra ese país o, en caso necesario, interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través del “procedimiento de infracción”. Para hacerlo no es preciso haber agotado las vías y recursos nacionales, ni que exista un caso individual concreto.

Sin embargo, los procedimientos de infracción son lentos y solo un número reducido de las más de 600 sentencias del Tribunal son consecuencia de un procedimiento de este tipo (más del 90% tiene su origen en peticiones de cuestiones prejudiciales presentadas por tribunales nacionales).